Fiscal Brasil pide confidencialidad de las evidencias

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Tal como se esperaba, el procurador de Brasil, Rodrigo Janot, solicito ayer al Tribunal Supremo Federal de su país mantener bajo confidencialidad “todas las pruebas que constan en los acuerdos de colaboración premiada firmados por Odebrecht”.
Janot también envió ayer un oficio-circular a los jefes de los ministerios públicos de los países donde se han abierto investigaciones contra la empresa brasileña, informándoles de la solicitud que hizo al Tribunal Supremo Federal de Brasil.

El procurador justifica la petición de mantener en sigilo las pruebas en razón del posible interés de las autoridades extranjeras de ordenar investigaciones relativas a los hechos reportados por los colaboradores, las cuales podrían verse perjudicadas si estas se divulgan antes de que sean dirigidas a las autoridades solicitantes.
La nota del Ministerio Público de Brasil advierte de que las solicitudes de cooperación que ha recibido Brasil solo pueden ser respondidas después de cumplido el plazo establecido en la clausula contractual de confidencialidad del caso Odebrecht, que tiene vigencia por seis meses, desde el 1 de diciembre de 2016, cuando los acuerdos fueron firmados. Para Janot, terminado el plazo, no significa que automáticamente desaparezca la necesidad de mantener en secreto la información, en especial de aquella que debe ser enviada al exterior a través de la cooperación internacional. La solicitud formal de Janot al Tribunal Supremo Federal se basa en la convención de Mérida, que establece que “el Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga sigilo acerca de la exigencia y del contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento”. De la petición de Janot fueron informados los ministerios públicos o fiscalías de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal y Venezuela.

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